País, 11 de Marzo de 2026.- El exministro de Gobierno, detenido preventivamente desde hace seis meses, responde públicamente a las declaraciones del presidente del TSJ. Pide una auditoría jurídica a sus causas.
El exministro de Gobierno Arturo Murillo envió este miércoles una carta pública al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo Gómez, en la que cuestiona la situación de los procesos judiciales en su contra, denuncia retardación de justicia, persecución política y solicita una revisión de sus causas por supuestas irregularidades en el trámite de sus casos.
En la misiva, Murillo responde a las declaraciones de la máxima autoridad de esa alta corte de Justicia y solicita la revisión de los procesos que enfrenta; en ese sentido, detalla cuatro procesos judiciales que enfrenta, sostiene que fueron tramitados en rebeldía y asegura que su detención preventiva se está convirtiendo en una ‘pena anticipada’.
El documento fue presentado este miércoles en una conferencia de prensa convocada por su defensa en la ciudad de La Paz. Durante el acto, el abogado defensor del exministro realizó la lectura pública de la carta en la que la exautoridad cuestiona la afirmación de Saucedo respecto a que no existiría retardación de justicia en sus procesos.
Asimismo, sostiene que actualmente lleva seis meses en detención preventiva y asegura que durante ese tiempo se suspendieron más de 25 audiencias en uno de los procesos, mientras que en los otros tres, según afirma, no se realizó ningún actuado judicial durante medio año. El exministro señala además que varios de los procesos se tramitaron en rebeldía, pese a que, según indica, era de conocimiento público que se encontraba fuera del país y que no podía ejercer su defensa.
En la carta también rechaza la versión de que hubiera escapado de la justicia boliviana. Sostiene que cuando salió del país no tenía ninguna sentencia ejecutoriada ni condena firme, ni tampoco medidas que le impidieran abandonar Bolivia. Argumenta que su salida se produjo en un contexto de ‘violencia política’, recordando que su propiedad en Villa Tunari, en el Chapare, departamento de Cochabamba, fue incendiada y que su familia tuvo que esconderse durante nueve días en la selva para evitar ser asesinada.
El político afirma que posteriormente decidió retornar voluntariamente a Bolivia, convencido de que el país ingresaba a una nueva etapa política y con la expectativa de que el sistema judicial pudiera iniciar un proceso de transformación institucional.
En su carta, el exministro también menciona diversos casos que, a su juicio, reflejan el uso político de la justicia en Bolivia, cita procesos como el denominado ‘caso Terrorismo’, la situación del exdirector de Entel Eduardo Aramayo, del exfuncionario Antonio Parada, así como los procesos contra la expresidenta Jeanine Añez, el excívico potosino Marco Antonio Pumari y el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho.
Murillo señala que estos antecedentes reflejan la persistencia de un sistema judicial que durante años fue manipulado políticamente. En consecuencia, en la parte central del documento, el exministro detalla los cuatro procesos judiciales por los cuales actualmente se encuentra detenido.
El primero corresponde al caso UIF, iniciado a partir de una denuncia presentada por el exdirector de esa entidad, Ramiro Rivas Montealegre, quien lo acusa de haber solicitado su destitución. Según sostiene, este proceso se arrastra desde 2020 y ha registrado múltiples suspensiones de audiencia.
El segundo proceso es el denominado caso Gases Ecuador, en el que se investigó la provisión de agentes químicos durante la crisis política de 2019. Asevera que se trató de un préstamo entre gobiernos destinado a evitar una escalada de violencia y afirma que su participación se limitó a recibir el material como ministro de Gobierno. No obstante, indica que en esta causa se dictó una sentencia en su contra en rebeldía.
El tercer proceso corresponde al caso Catering, relacionado con la adjudicación del servicio de alimentación para soldados que participaban en tareas de erradicación de cultivos de coca. Según el exministro, ese procedimiento administrativo dependía del Viceministerio de Defensa Social y de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), por lo que sostiene que él no participó en la licitación ni tuvo conocimiento de la adjudicación.
El cuarto proceso es el denominado caso Gases Brasil, sobre el cual Murillo señala que en el futuro dará explicaciones detalladas sobre presuntas irregularidades, presiones y extorsiones que, afirma, habrían ocurrido durante la investigación. En este punto también recuerda que fue condenado en Estados Unidos a 70 meses de prisión en un proceso relacionado con la compra de gases lacrimógenos y argumenta que, por ese motivo, corresponde aplicar el principio jurídico internacional ‘Non Bis In Ídem’, que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho.
Finalmente, solicita al presidente del Tribunal Supremo de Justicia que, en su calidad de máxima autoridad del Órgano Judicial, disponga la solicitud de informes a los tribunales que conocen sus procesos y ordene una auditoría jurídica que permita verificar si se está respetando el debido proceso, la legalidad de las actuaciones judiciales y el derecho a una justicia sin dilaciones indebidas.
El exministro reitera que una revisión independiente de su caso no solo permitiría esclarecer su situación jurídica, sino también contribuir a recuperar la credibilidad del sistema judicial boliviano. “Cuando la justicia pierde credibilidad, pierde el país entero; pero cuando la justicia se atreve a revisarse a sí misma, comienza realmente la reconstrucción del Estado de derecho”, señala en la parte final de la carta.
Fuente: Eju.tv