Cochabamba, 19 de febrero de 2026.- El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, en coordinación con la Policía Boliviana, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la organización Mujeres de Fuego y otras instituciones, impulsa la elaboración de un proyecto de ley orientado a prevenir y sancionar la violencia digital contra mujeres que ejercen cargos políticos y funciones públicas.

La secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, expresó su rechazo a este tipo de violencia, que en los últimos años se ha intensificado mediante el uso de plataformas digitales, llegando incluso a involucrar a niños y funcionarios públicos.
“La utilización de inteligencia artificial no solo crea contenido, sino que también puede dañar gravemente la imagen y la dignidad de una mujer. Por ello, pedimos el compromiso de todas las representantes e instituciones para luchar de manera conjunta contra la violencia digital”, afirmó Rivero.
Por su parte, la directora de Género y Generacional, Cynthia Prado, explicó que las acciones coordinadas permitirán sentar las bases de un proyecto de ley que busque prevenir, regular y sancionar la creación y difusión de contenidos que atenten contra la imagen y los derechos de las mujeres en la política.
“Desde la Dirección de Género exhortamos a un uso responsable de las redes sociales. La libertad de expresión tiene límites, y no puede vulnerar la dignidad ni los derechos de las personas. Detrás de cada mujer hay una familia y una trayectoria construida durante años”, sostuvo.
Prado puntualizó que este trabajo interinstitucional marca el inicio formal de la elaboración de una propuesta legislativa que será presentada ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención frente a la violencia digital.
Finalmente, la presidenta del Directorio de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, cuestionó la difusión de este tipo de contenidos digitales, señalando que constituyen un ataque directo al ejercicio de los derechos fundamentales y a la participación política de las mujeres.
