La resolución conclusiva de sobreseimiento —que tiene efectos de sentencia absolutoria y garantiza plenamente la libertad del imputado— señala que todas las pericias científicas, técnicas y económicas realizadas durante la investigación descartan cualquier participación del hijo mayor y los demás imputados y confirman que el móvil del crimen fue estrictamente económico, pues según el dictamen fiscal de la UNIDAD DE AUDITORIA FORENSE DEL IDIF, entre los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2024 se produjo un desfalco de 3.999.200 bolivianos, casi cuatro millones, cuyo principal responsable fue Nelo Fernando Alanes Mérida, fallecido el 1 de julio de 2024 cuando se lanzó a las llantas de un camión para quitarse la vida.
La resolución fiscal también revela que, tras el crimen, Nelo Fernando Alanes Mérida llamó al hijo menor de la pareja, Richard Claure, para incriminar falsamente a su hermano mayor, en un intento de destruirlo civilmente, evitar que se esclarezca el desfalco millonario y consolidar la hipótesis inicial de parricidio. Posteriormente, el autor del crimen decidió quitarse la vida, cerrando el círculo de un plan destinado a encubrir el móvil económico, también se determinó que nunca existió contacto previo entre Nelo Fernando Alanes y Juan Carlos Claure, que el autor del crimen apagó su teléfono celular el 28 y parte del 29 de junio de 2024, retomando actividad recién después del mediodía del sábado 29. Todos los registros de llamadas, la geolocalización, los informes económicos auditados y las pericias técnicas apuntan de manera unívoca a Alanes Mérida como responsable absoluto del hecho, tal cual ya se había establecido en el Informe Técnico Conclusivo de la comisión de investigadores de la FELCC.
La defensa de Juan Carlos Claure destacó y reconoció la objetividad del Ministerio Público y expresó su confianza en que el fiscal jerárquico ratifique la resolución de sobreseimiento. La familia Claure lamentó que el caso haya sido inicialmente tipificado como parricidio con base en un solo elemento no probado —una supuesta llamada cuya grabación nunca fue verificada en su autenticidad al no haberse entregado el celular donde se realizó la grabación— y denunció que se intentó manipular varios teléfonos celulares secuestrados para sostener una acusación falsa, hechos por los cuales tres policías enfrentan procesos ante la DIDIPI y en la vía penal, además de la existencia de otro proceso penal por el delito de manipulación informática contra los trabajadores allegados a Nelo Fernando Alanes Mérida, en razón del resultado pericial de auditoria que son los sres. Ditter Ayala, Noemi Rios Villarroel y Beimar Tito Puma.