En días recientes —según comunicaron el Ministerio de Educación (2025, 18 de noviembre), la Agencia Boliviana de Información (2025, 18 de noviembre) y la Agencia de Noticias Fides (2025, 18 de noviembre)— el Ministerio de Educación emitió una serie de instructivos destinados a “desburocratizar” el sistema educativo, suspendiendo los informes de fin de gestión y la actualización del Registro Único de Unidades Educativas (RUE). Aunque estas medidas buscan enfrentar lo que desde el propio gobierno se denomina el “Estado tranca”, evidencian nuevamente que la gestión educativa continúa cargando sobre las unidades educativas y los docentes tareas administrativas que han saturado su labor. Esto también muestra que la crisis educativa no se resolverá con la eliminación puntual de trámites, sino con la construcción de un nuevo pacto socioeducativo que reconozca e integre los aportes de otros profesionales de la educación y supere la lógica pendular entre decisiones gubernamentales coyunturales y demandas del magisterio boliviano.
Así mismo, estas medidas no pueden ser consideradas como un hecho aislado, sino como el reflejo de problemas más profundos en la estructura educativa del país; lo que muestra que la educación es un campo en el que convergen intereses económicos, políticos y partidarios. Dubet y Martuccelli (1998) ya advertían que la escuela cumple funciones distributivas y educativas que no son neutras: clasifica, forma, reparte oportunidades y también reproduce desigualdades.
Por ello, se puede afirmar que el sistema educativo boliviano ha sido, y continúa siendo, un espacio de disputa política, pedagógica y social, atravesado por la tensión entre modelos homogeneizadores —vinculados a la modernización estatal— y propuestas orientadas a reconocer la pluralidad cultural del país. Así, desde 1825 hasta el siglo XXI, la evolución del sistema puede leerse como una sucesión de dispositivos normativos interrumpidos por ciclos de reforma. En los primeros años republicanos predominaron decretos presidenciales y leyes cortas que dieron forma a la reforma educativa liberal orientada a modernizar el Estado y la educación pública. Entre ellos destaca el Decreto Supremo del 11 de febrero de 1905, que implementó el Plan General de Estudios y la Organización de la Instrucción Primaria, marcando un hito en la búsqueda de modernización educativa.
A finales del siglo XIX e inicios del XX, Bolivia avanzó hacia tres grandes reformas: el Código de la Educación Boliviana de 1955, la Ley de Reforma Educativa de 1994 y la Ley “Avelino Siñani–Elizardo Pérez” de 2010. En esta última se incorporó un elemento distintivo: un discurso posneoliberal que situó al magisterio boliviano como eje de la transformación educativa. A los profesores se les atribuyó una tarea desmesurada —descolonizar, democratizar y revolucionar la educación—. Esta centralidad simbólica generó expectativas que desbordaron su rol dentro del sistema educativo y produjeron un desgaste estructural que afectó tanto su encargo social como el funcionamiento general de la educación.
Desde una perspectiva sociohistórica, Fernando Galindo (comunicación personal, 13/11/2025) señala que, a diferencia de lo ocurrido en Inglaterra y Estados Unidos en la década de 1960 —cuando los docentes exigieron participar en la formulación de políticas educativas, impulsando la investigación-acción y la figura del profesor como investigador, con Stenhouse y Elliott como referentes—, en Bolivia ocurre lo contrario. El sistema se mueve entre la hegemonía del gobierno y la del magisterio, una dinámica que tampoco resuelve los problemas estructurales de la educación. En este contexto, las voces científicas, técnicas y académicas de los profesionales de las ciencias de la educación permanecen ausentes.
La metáfora de Sísifo resulta particularmente elocuente para describir el lugar asignado a los profesores y la restricción impuesta a otros profesionales de la educación durante las últimas dos décadas. Los profesores empujan una roca que nunca llega a la cima: cada reforma anuncia transformaciones; cada ciclo político reinicia el trayecto. Cuando el magisterio empieza a adaptarse, la piedra vuelve a caer. Aun así, como Sísifo, los profesores persisten, conscientes de que el encargo que el gobierno deposita exclusivamente sobre ellos es inacabable e inalcanzable. Por ello, el Estado boliviano y el gobierno actual no pueden seguir concibiendo la educación como responsabilidad exclusiva del magisterio. Esta constatación sustenta la urgencia de un nuevo pacto socioeducativo en el país.
Ese pacto debe incluir —de manera efectiva, no simbólica— a otros profesionales del campo de la educación, por ejemplo: los profesionales en ciencias de la educación pueden desempeñar funciones clave en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas educativas, en la mejora de la gestión educativa en todos los niveles del sistema, en la actualización de estructuras curriculares, en el apoyo psicopedagógico y la educación especial, en la orientación educativa y el acompañamiento estudiantil, en la asesoría pedagógica, en la integración de TIC e Inteligencia Artificial en los procesos formativos, en la investigación educativa, y en la evaluación de aprendizajes, instituciones, programas y políticas. Estos perfiles aportan capacidades indispensables en áreas que, por su naturaleza, requieren competencias distintas a las del ejercicio docente.
Ningún país puede depositar el peso de todo su proyecto educativo sobre un solo actor o sector; cuando esto ocurre, la educación se convierte en la roca de Sísifo: la carga se transforma en condena y la condena en frustración. El gobierno actual necesita ampliar su mirada educativa; no para desplazar al magisterio, sino para reconocer que la educación es una responsabilidad compartida y que un sistema robusto requiere múltiples voces, saberes y profesiones trabajando de manera articulada.
Esto implica un nuevo pacto socioeducativo: un acuerdo orientado a reorganizar la gobernanza de la educación, convocando a todos los actores —Estado y su gobierno, profesores, profesionales en ciencias de la educación, familias, plataformas de la sociedad civil, universidades, comunidades, gobiernos departamentales y municipales— para avanzar hacia un sistema educativo más justo, estable y sostenible.