La Paz, 22 de septiembre de 2025.- La justicia boliviana dictó el pasado 10 de septiembre detención preventiva en el penal de San Pedro para el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en el marco del caso denominado “Gases Ecuador” con lo que suma su tercera detención desde su deportación de Estados Unidos.
Anteriormente, Murillo también fue enviado a la cárcel preventiva por los casos “Gases Brasil” y “Catering”, según declaraciones de su defensa, que cuestiona la seguidilla de procesos judiciales en su contra.
SÁNCHEZ BERZAÍN IMPLICADO EN CASO “GASES ECUADOR”
Los antecedentes indican que el exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín gestionó ante el Gobierno del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno el préstamo de gases lacrimógenos y otros materiales de represión en noviembre de 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez. Un testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, confirmó al Ministerio Público que Sánchez Berzaín estuvo detrás de las gestiones para facilitar el envío de estos agentes químicos.

Según la Fiscalía, en una reunión del 15 de noviembre de 2019 entre los entonces ministros Roxana Lizárraga, Arturo Murillo y Fernando López con Áñez, se acordó contactar a autoridades ecuatorianas para obtener el armamento, que luego fue ingresado al país de manera irregular. Tres días después, las Fuerzas Armadas y la Policía intervinieron en los conflictos de Senkata, El Alto, causando 11 muertos y al menos 78 heridos; días antes, en Sacaba, murieron 10 personas y decenas resultaron heridas.
De acuerdo con medios informativos como La Época y La Razón, la gestión de los gases lacrimógenos y otros materiales de represión se realizó a través del exministro Carlos Sánchez Berzaín, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos. El exministro de Desarrollo Rural del régimen de Jeanine Áñez, Mauricio Ordóñez, declaró ante fiscales que fue la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien contactó telefónicamente a Sánchez Berzaín, y este a su vez se comprometió a gestionar ante las autoridades ecuatorianas el préstamo de los agentes químicos.

Ordóñez relató que durante una reunión de gabinete, ante la urgencia de Murillo y Fernando López por conseguir gases lacrimógenos, Lizárraga solicitó unos minutos, salió de la sala y regresó indicando: “Asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín y él hará las gestiones ante Ecuador para que nos envíe los agentes químicos que necesitamos”. Además, ordenó: “Más bien, alisten el avión Hércules para que vaya a recoger ese material y así puedan reprimir a la gente que está protestando en las calles”.
En su momento el entonces Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, había confirmado que tras estas gestiones, el 15 de noviembre de 2019, el gobierno de Añez solicitó a Ecuador el permiso para sobrevolar con una aeronave Hércules C130. El agregado militar boliviano en Ecuador coordinó con el comandante del Ejército, General Inchauste, disponiendo el traslado de proyectiles y granadas. Al día siguiente, el 16 de noviembre, partió la aeronave a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.
Los materiales enviados desde Ecuador incluyeron 5.000 granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. El 27 de mayo de 2020, Ecuador solicitó formalmente la devolución del armamento prestado.

Hoy retorna a la agenda informativa la participación de Sánchez Berzaín en la gestión ante Ecuador. La exautoridad reside en Estados Unidos, donde además de dirigir el Interamerican Institute For Democracy, mantiene contactos con la élite política estadounidense.
La defensa de Murillo sostiene que la serie de procesos judiciales en su contra carece de sustento, mientras que la Fiscalía continúa recabando pruebas sobre la responsabilidad de los implicados en la obtención y uso de los agentes químicos durante los conflictos sociales de 2019.
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