Cochabamba, 9 de julio de 2025.- Una grave denuncia sacude los cimientos del proceso investigativo sobre el brutal asesinato de los esposos Juan Claure y Rufina Ayala en Vinto Chico ocurrida el pasado 28 de junio de 2024. Elementos objetivos y testimonios directos señalan al subteniente de Policía Ángel Bascopé Tordoya y a otros efectivos policiales como responsables de manipular, acceder indebidamente y romper la cadena de custodia de 22 teléfonos celulares secuestrados, los cuales estuvieron con el prenombrado funcionario entre el 11 de octubre y el 24 de noviembre de 2024.
Según el testimonio de un testigo, el 27 de octubre de 2024 se realizó una reunión secreta en la sala ejecutiva del Hotel Diplomat de Cochabamba. Allí le presentaron a las personas identificadas como el Ing. Escalier, Ángel Rosales (que le dijo que era gerente del hotel), el subteniente Bascopé, Richard y otros efectivos policiales. El testigo relata que vio entre 20 a 22 celulares sobre la mesa y creyó que sería contratado para analizar los dispositivos. Pero cuando pidió las actas de cadena de custodia y propuso un protocolo técnico, fue presionado para dar prioridad, acceder y alterar datos de un iPhone Pro negro, precisamente el perteneciente a Juan Carlos Claure, hijo de las víctimas y hoy imputado como autor intelectual del crimen y contra quién se direcciona el caso, según las hermanas Claure.
El testigo se negó a hacer procedimientos fuera de norma y quedó fuera del “negocio”. Más tarde descubrió con horror que esos 22 celulares estaban directamente ligados al doble crimen, confirmando así las sospechas anteriores de alteración y montaje de pruebas mientras estaban en manos de funcionarios policiales, siendo que los celulares fueron secuestrados entre el 29 de junio al 02 de julio de 2024, es decir hace más de un año atrás.A este hecho se suma un hallazgo inquietante: de acuerdo con un informe pericial de análisis y georreferenciación de llamadas entregado al Ministerio Público el pasado 11-03-25, se estableció que el subteniente Angel Andrés Bascopé Tordoya mantuvo comunicación con Nelo Fernando Alanes el 1 de julio de 2025 a hrs.12:52:17, un dato alarmante ya que Alanes fue identificado como el autor material del doble asesinato —confirmado mediante más de 100 evidencias analizadas en pericia de genética forense— y posteriormente en esa misma fecha a hrs. 19:30 se quitó la vida en un hecho de tránsito. “Es el único funcionario cuyo número está registrado en el celular de Alanes, sin que exista justificación o informe oficial sobre esa comunicación, además que en esa fecha el subteniente BASCOPE no era parte de la FELCC VALLE BAJO menos investigador asignado al caso”, denunciaron las hijas de los empresarios asesinados, Nancy y Carminia Claure, en una conferencia de prensa.
«ESTAMOS CANSADAS , TODOS ESPERAN BENEFICIO ECONÓMICO»“Estamos cansadas de la manipulación que hace meses atrás se informó a la fiscalía, pero que los Fiscales que anticorrupción no hicieron nada, al descubrirse el montaje y contaminación en celulares queremos justicia y que se sepa la verdad. Cuando se menciona el caso Papelera Vinto, parece que todos esperan un beneficio económico de las empresas de nuestros padres. La manipulación de los celulares y los montajes de textos ahora confirmados y descubiertos, han sido la base para procesar a nuestro hermano mayor Juan Carlos como autor y a Jorge Gonzales como cómplice e inclusive para ampliar las imputaciones posteriores, gracias a informes del subteniente BASCOPE y el sgto. SAAVEDRA, los anteriores Fiscales estaban construyendo una acusación sobre pruebas falsas y una conspiración”.
Según las hermanas Claure, uno de los miembros de este grupo organizado para manipular pruebas se comunicó con uno de los abogados de su equipo legal para pedir $us. 100.000 dólares a cambio de “cerrar el tema”, como no se accedió a la extorsión las denunciantes dicen se pretende que este proceso continúe abierto con pruebas ilegales, falsas, alteradas y modificadas, pretendiendo inclusive obtener lucro ilegítimo y entorpecer la administración de justicia.Nancy y Carminia también denunciaron que en Cochabamba las autoridades no procesaron las alertas sobre la extorsión y la manipulación de evidencias y la denuncia fue desestimada y cuando esta información fue presentada ante los Fiscales de anticorrupción que estaban en comisión desde diciembre 2024 a junio de 2025 negaron investigar, por lo que, al establecer mediante el testigo la fecha de la reunión secreta realizada el 27-10-24 en el hotel Diplomat en que estuvo presente el ingeniero David Hernan Escalier (quien fue propuesto como perito por el abogado Eduardo Mérida en memorial de 30-10-24) cuya hoja de vida señala que trabaja y vive en la ciudad de La Paz, se presentó la denuncia en la Fiscalía de La Paz, donde se admitió la denuncia y abrió una investigación sobre las irregularidades con relación a la manipulación de los celulares y la propia Fiscal de Materia de La Paz dispuso la ampliación de oficio contra Angel Andrés Bascope, David Hernan Escalier y Amgel Rosales por complicidad en parricidio asi como la reserva de actuaciones que concluyó recién.
“Se trata de un caso que involucra a empresarios prósperos y como víctimas sentimos que el único interés de algunos funcionarios es económico, no la verdad, ni la justicia. Nos indigna saber que un investigador designado a este delicado caso es parte de quienes han conspirado para direccionar las investigaciones y culpar falsamente a nuestro hermano, el asignado al caso inclusive pidió la factura del hotel Diplomat sobre su hospedaje y del otro investigador el 26 y 27 de octubre de 2024 a su nombre”, agregaron.Adjunta a la denuncia presentada en La Paz se encuentran pruebas y testimonios que revelan la existencia de la reunión en el Hotel Diplomat, el acceso irregular a los dispositivos móviles y la violación sistemática de protocolos de custodia de evidencias. Las hermanas Claure Ayala exigen que el Ministerio Público actúe con imparcialidad y que se separe y sancione de inmediato a los todos los funcionarios que estén involucrados para evitar la obstrucción y direccionamiento indebido de la investigación, que gracias a las ampliaciones de imputaciones ya pasa de más de un año y nuevamente de ha cambiado de fiscales de materia, pues ahora el caso esta en la Fiscalía Especializada de delitos contra las Personas y no en la Fiscalía Especializada de Delitos contra la vida, desconociéndose inclusive la propia estructura del Ministerio Público.
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