Por Javier Viscarra Valdivia
No es habitual que Bolivia figure en los informes globales sobre riesgo alimentario. Y sin embargo, allí estamos, señalados entre los países que requieren seguimiento internacional ante el riesgo de inseguridad alimentaria aguda, según informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Así, a partir de junio de este año, 2,2 millones de bolivianos podrían enfrentar dificultades graves para acceder a alimentos. El dato no es menor; representa casi una quinta parte de la población.
Conviene, antes que nada, evitar lecturas precipitadas. Nadie ha afirmado que Bolivia esté al borde de una hambruna masiva. La categoría utilizada por el informe Hunger Hotspots corresponde a una “fase 3” de alerta, que es una situación grave, pero aún no crítica. No estamos en los niveles de Sudán, Gaza o Haití, donde confluyen guerra, colapso institucional y desplazamientos forzados.
Pero más allá de esta aclaración, tampoco podemos refugiarnos en la autocomplacencia. Figurar en ese mapa es ya un síntoma preocupante de un deterioro silencioso. El informe identifica tres causas inmediatas, inflación persistente, reducción de reservas internacionales y escasez de combustible.
A estas causas se suman factores estructurales como los efectos del cambio climático, la caída de los ingresos reales y los bloqueos recurrentes que interrumpen el abastecimiento interno. Todo ello converge en una frase que no debería pasar desapercibida: “el acceso a alimentos está siendo erosionado de forma sostenida”.
La reacción oficial no tardó en llegar. El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia emitió un comunicado para aclarar que el país no enfrenta una situación de hambruna ni se encuentra entre los trece de mayor preocupación mundial. Si bien la precisión técnica es válida, el tono elegido sugiere más un intento por apaciguar titulares que por afrontar el fondo del asunto. Porque lo cierto es que Bolivia sí ha sido incluida, de manera explícita, en el informe que alerta sobre un deterioro grave en la seguridad alimentaria.
El problema, por tanto, no es semántico ni mediático. Es estructural, social y político. Las causas son múltiples, pero todas remiten a un patrón reconocible; la incapacidad del Estado para proteger a su población más vulnerable.
Durante casi dos décadas, la política económica del Movimiento al Socialismo (MAS) ha oscilado entre el voluntarismo retórico y la improvisación práctica. Se construyó una narrativa de soberanía alimentaria sin consolidar su base productiva. Se generó una peligrosa dependencia de las importaciones sin reservas que garanticen su sostenibilidad. Y se priorizó la fidelidad política sobre el fortalecimiento institucional y técnico.
A ello se suma un elemento que el informe no recoge, pero que el país conoce de memoria; los bloqueos como arma política. Muchos de ellos impulsados por el jefe del mismo partido de gobierno, que han derivado en cortes prolongados de caminos, pérdida de alimentos, escasez de combustibles, paralización de cosechas y colapso en servicios esenciales. Cada marcha o paro en nombre de la “democracia” mina, en los hechos, la seguridad alimentaria de millones. Y eso tiene nombres y apellidos.
Bolivia no necesita alarmas vacías, pero sí necesita políticas claras. La inclusión del país en este informe no es una condena, sino una advertencia seria. Ignorarla, relativizarla o minimizarla sería repetir las omisiones que nos han traído hasta esta situación.
La seguridad alimentaria no es solo un indicador técnico. Es un derecho humano y una obligación estatal. Urge recuperar reservas, estabilizar precios, proteger al productor rural, garantizar la distribución y reducir la dependencia del exterior. Todo eso exige visión estratégica, voluntad política y, sobre todo, poner fin a la lógica del bloqueo y la fractura como herramienta de poder. No hay soberanía sin pan. No hay dignidad con hambre. Y no habrá futuro mientras el país figure en los mapas que nadie quiere mirar.