Cochabamba, 9 de junio de 2025.- A sus 61 años, el exministro de Gobierno y colaborador de la gestión de la presidenta de transición, Jeanine Áñez, Arturo Murillo dejará el Centro de Detención Federal de Miami (Florida-EEUU) este 21 de junio. Al parecer, su “buen comportamiento” y la nueva del gobierno de Donald Trump lo favorecieron.
Murillo, junto con su exjefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez; además tres norteamericanos, Luis y Bryan Berkman (hermanos) y Philip Lichtenfeld, fueron arrestados entre el 21 y 22 de mayo en Florida (Georgia), sindicados de participar en hechos de sobornos, entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Fueron acusados de conspiración y lavado de dinero.
Un informe, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, reveló que los ciudadanos norteamericanos fueron acusados de pagar $us 602.000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano, en beneficio de Murillo, su exjefe de gabinete y otro funcionario estatal de nacionalidad boliviana.
Los sobornos estaban destinados para que la empresa Bryan Berkman mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia, bajo la firma de un contrato por $us 5.6 millones, para la provisión de gases lacrimógenos y armas no letales para represión.
El 4 de enero del 2023, Murillo fue condenado en el país del Norte, luego de declararse culpable de lavado de dinero y recepción de sobornos, a cambio de ayudar a la empresa involucrada en acceder a un contrato de venta de gases lacrimógenos y material antimotines, cuyo comprador fue el Estado boliviano.
Han pasado más de 880 días desde la condena (algo más de 29 meses), que inicialmente fue fijada en 70 meses de reclusión (5 años y 10 meses).
El activista y abogado del caso Senkata, Thomas Becker confirmó que la justicia norteamericana “cambió la fecha de su liberación. Antes se publicó que sería el 21 de julio” de este año, en el portal de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), donde se lo identifica como el prisionero 02358506.
El jurista explicó que, “lo mmás probable es que saldrá antes por razones de buen comportamiento”.
Además, en 2023, la administración Trump emitió una ley para las personas recluídas en prisiones federales, que no tenían sentencia antes de aprobar una norma en ese año, para reducir sus penas”, mencionó.
En el caso de Murillo, explicó, como es su primer delito en EEUU, pudo beneficiarse por la nueva ley y su buen comportamiento.
Aunque en la justicia estadounidense se tiende a deportar a sus países de origen a las personas involucradas en delitos graves, como los que cometió Murillo, “con Donald Trump, cualquier cosa puede pasar”, mencionó Becker.
De acuerdo con el procedimiento, al dejar la cárcel, Murillo será enviado a un centro de detención migratorio. En esta etapa, las autoridades preparan su deportación. “Lo más seguro es que el trámite dure unos meses en ese lugar”, indicó.
Becker, además, consideró que Murillo, al tener cuentas pendientes en Bolivia, solicitó asilo en EEUU. “Cuando una persona pide asilo, se convierte en un tema de seguridad y no se publica, por lo tanto, no se sabe si lo hizo”, indicó el defensor del caso Senkata.
“Aunque en Estados Unidos la justicia tiene maneras casi definidas de actuar, con Trump no se sabe. Incluso hay la posibilidad de una deportación a un tercer país”, indicó Becker.
El Presidente de EEUU, en casos similares, envió deportados de México a el Salvador, después de que ese país aceptó recibirlos, citó.
PEDIDO
Becker llamó al Ejecutivo de Bolivia a no descuidarse de esta etapa de Murillo en EEUU. “Es muy importante que el Gobierno siga el proceso, siga de cerca si hay expulsión, deprotación, insista en el exhorto suplicatorio o la petición de extradición para que Murillo no pueda escapar de la justicia boliviana”, indicó Becker; quien además recordó que el exministro de Gobierno tiene amistad con personas de la administración Trump.
“No se debe olvidar que durante el gobierno de Áñez, Murillo visitó EEUU, el Departamento de Estado de Trump y allí él tiene algunos aliados”, mencionó.
Para Becker lo correcto y lo que corresponde es que EEUU extradice a Murillo a Bolivia; pero se trata “de una decisión totalmente política” en la actualidad.
En diciembre de 2024, Bolivia extraditó al exjefe policial Maximiliano Dávila, acusado de narcotráfico. Becker opinó que “esta extradición puede servir como una ‘carta de negociación’, para solicitar el regreso de Murillo a Bolivia”.
El 10 de abril, en el proceso civil iniciado por Estado contra Murillo y Méndez por el sobreprecio en la adquisición de insumos para represión, la justicia de EEUU dictó que, que de manera mancomunada, ambos paguen $us 6.287.525, con un interés anual de 9,09%.
Fuente: La Prensa