Eran las ocho de la mañana cuando Paola sintió la primera contracción. Eso, fue apenas el comienzo de un largo proceso que duraría 27 horas y que, lejos de estar acompañado por el cuidado y la empatía del personal médico, terminó por convertirse en una “experiencia traumática”. A lo largo del día, el dolor se intensificó hasta hacerse insoportable en la madrugada. Con tan solo tres centímetros de dilatación, llegó al hospital acompañada de su pareja, pero él no pudo entrar. El personal negó su ingreso.
Tomó la decisión de regresar a casa. En ese espacio privado, con el dolor y las náuseas, resistió durante siete horas más, sin asistencia médica y sin analgesia. Regresó al hospital con nueve centímetros de dilatación. El personal la internó y le dijo que solo faltaba un centímetro. Sin embargo, esa mínima distancia se tradujo en horas de espera, contracciones agudas y una atención que, según Paola, fue marcada por la indiferencia.
A las diez de la mañana, mientras el dolor la desbordaba, solo recibía respuestas frías: “tienes que poder”. El padre del niño aún no podía estar presente. A las 11:30, un médico rompió la bolsa amniótica e indicó que el dolor aumentaría, algo que Paola ya no sabía si podría tolerar. No recibió anestesia. Se le pidió que pujase con cada contracción, hasta que fue llevada al quirófano en estado de agotamiento físico y emocional.
Allí, fue sometida a procedimientos como la episiotomía y maniobras que hoy en día son señaladas como formas de violencia obstétrica. Le administraron medicamentos para mantenerla consciente. Sin embargo, el esfuerzo la venció. Perdió el conocimiento en el tramo final del parto y fue el llanto de su recién nacido lo que la trajo de vuelta.
El quirófano, para Paola, “parecía una escena del crimen”. El dolor físico se disipó, pero el impacto emocional persistió. Al día siguiente, la dieron de alta. Afuera, el mundo parecía celebrar una nueva vida, pero adentro, Paola lidiaba con sentimientos encontrados: amor inmenso por su hijo, pero también tristeza, rabia, impotencia y la necesidad de “hacer duelo por lo que no fue”. Se sintió como una espectadora de su propio parto.
Esta historia no es única. Relatos como el de Paola se repiten en diferentes hospitales, centros de salud y clínicas. Narraciones que revelan experiencias marcadas por prácticas que invisibilizan el consentimiento, desoyen el dolor de las mujeres y vulneran su derecho a una atención digna y respetuosa en uno de los momentos más trascendentales de su vida: el nacimiento de un hijo. La violencia obstétrica es una de las formas menos visibilizadas de violencia de género en Bolivia. Es muchas veces normalizada y sigue siendo una deuda pendiente en los sistemas de salud.
SÍ, ES VIOLENCIA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia obstétrica como “la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico deshumanizador, en un abuso de la medicalización y la patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres”.
El hacinamiento y la alta demanda de partos en los hospitales públicos son factores que contribuyen a que muchas mujeres gestantes sean víctimas de violencia obstétrica. Esta situación vulnera sus derechos exponiéndolas a tratos degradantes y prácticas médicas innecesarias que generan, en algunas mujeres, secuelas y sufrimiento físico y psicológico.
Todos los días nacen niños y niñas, pero poco se sabe sobre la violencia que se ejerce en las salas de parto.
En muchas instituciones de salud, el nacimiento se desarrolla como un proceso frío, despersonalizado y altamente medicalizado. Esta dinámica, lejos de priorizar el bienestar emocional y físico de la madre y el recién nacido, suele ser el escenario del primer trauma: el parto bajo violencia obstétrica. La atención se caracteriza por su rapidez, falta de empatía y exceso de intervenciones, lo que impacta directamente en la experiencia del alumbramiento.
Un estudio del Observatorio de Violencia Obstétrica Bolivia (OVO), realizado entre finales de 2023 y principios de 2024, en colaboración con Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, reveló que seis de cada 10 mujeres en el país han sido víctimas de algún tipo de violencia obstétrica.
Entre enero y abril de este año, un hospital público de Cochabamba registró un total de 2.192 partos: 1.392 fueron vaginales y 800 por cesárea. Sin embargo, bastaron solo siete días de observación para evidenciar que son pocos los profesionales que garantizan prácticas esenciales como el contacto piel con piel inmediato o la estimulación temprana de la lactancia materna. En este entorno saturado, madre e hijo tienden a diluirse entre cifras y procedimientos, convertidos en un número más dentro del sistema sanitario.
Este medio consultó a 20 mujeres que habían sido dadas de alta tras dar a luz. Todas fueron entrevistadas con sus recién nacidos en brazos. La mayoría respondió que, durante el trabajo de parto, no se sintieron en condiciones de expresar sus necesidades, incomodidades o emociones. Más de la mitad, además, aseguró haber recibido comentarios despectivos por parte del personal de salud, como: “No grite tanto, señora”, “Si no coopera, se nos muere”, “¿Mamita primeriza?” o “Las mujeres de hoy en día ya no son valientes”.
Relataron también haber sido atendidas por más de tres médicos diferentes y por numerosos enfermeros y estudiantes en práctica. El embarazo es frecuentemente tratado como un estado de constante vulnerabilidad. Esta percepción ha generado temor en muchas mujeres, incluso antes de experimentar las primeras contracciones. Lo que debería ser considerado un acto profundamente significativo —dar a luz y materializar una nueva vida— se ha convertido, en muchos casos, en un procedimiento programado, similar a una cita de rutina.
Volviendo a las cifras, durante ese periodo se realizaron 800 cesáreas. Si se considera la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un máximo del 15% de cesáreas sobre el total de nacimientos, el número adecuado no debería haber superado los 329 procedimientos. Sin embargo, la cifra registrada representa el 36% de los partos atendidos, más del doble del límite sugerido por la OMS, lo que evidencia un uso elevado de esta intervención quirúrgica, que a su vez puede traducirse como un tipo de violencia obstétrica.
Según el OVO, el Sistema Único de Información en Salud (SUIS) reporta una frecuencia de cesáreas aún más alta para Bolivia en 2023: 50%. Esto constituye un aumento de 36% en los últimos 15 años, con tasas más altas en establecimientos privados (82.94%) y seguros sociales (67.83%) en comparación con establecimientos públicos (38.42%), según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS). Llama la atención que la mayor proporción de cesáreas son reportadas como programadas y sólo 6% indican que se decidieron una vez que se inició el trabajo de parto.
El siguiente testimonio, recogido en el estudio del OVO, refleja una experiencia que muchas mujeres que han dado a luz podrían reconocer como propia.
«‘Ya háganle una cesárea’, decían por mis gritos. Que el doctor quería apurarse, que ya iba a cambiar de turno. Entonces dijo: ‘Hágale la cesárea, pues’. Me acuerdo que entre llantos, entre el dolor y todo lo demás, yo estaba mal. Me pasaron unos papeles, ni siquiera los leí, firmé, firmé, firmé. Y así, entre llanto y confusión. ‘Ya llévensela’, dijo. Yo me acuerdo que dejé mis cosas como estaban, ni siquiera sé qué pasó después.»
El OVO también evidenció en su estudio que la violencia obstétrica también se manifiesta en formas de agresión sexual, muchas veces sutiles o normalizadas, que no siempre son identificadas como tal por las víctimas.
Aunque en algunos casos se han reportado situaciones de abuso explícito, gran parte de esta violencia se presenta a través de prácticas que vulneran la intimidad de las mujeres durante el trabajo de parto o los controles prenatales. Entre ellas se encuentran los tactos vaginales repetidos realizados por distintas personas sin el debido consentimiento, o comentarios inapropiados sobre el cuerpo y la sexualidad de la paciente. Estas experiencias, pese a no tener una intención sexual explícita, son vividas por muchas mujeres como actos invasivos y traumáticos.
El estudio señala que este tipo de violencia se ve agravado por la falta de acompañamiento durante el parto, debido a restricciones institucionales, lo que deja a las gestantes en una situación de alta vulnerabilidad. La autoridad del personal de salud y la naturalización de ciertas prácticas dificultan que estos actos sean reconocidos como violencia, motivo por el cual muchas veces no son denunciados.
Este es uno de los testimonios incluidos en el informe:
“Entonces el médico familiar, con mi esposo presente, me dice que por favor me saque la polera, que tiene que ver si mis pezones están preparados para una lactancia. Y yo, bueno, no sé, en verdad cuando eres paciente eres vulnerable, entonces… Yo lo hice, entonces él comenzó a hurgarme. Y ahora, ahora mirando hacia atrás, sé que me estaba manoseando. Después me dice: ‘Tengo que ver si vas a poder pasar por el parto, entonces, por favor sácate la ropa interior también’. Entonces me recostó en la camilla y empezó a manosearme y después dijo: ‘me voy al baño’ y ya está, se fue. Y nunca volvió.”
Este testimonio refleja cómo las mujeres pueden quedar expuestas a abusos bajo el argumento de procedimientos médicos, en un contexto donde debería primar el respeto, el cuidado y el consentimiento informado.
¿Y cuándo, como protagonistas, queremos decidir sobre nuestro propio cuerpo?
La planificación familiar, el acceso a anticonceptivos y, en general, las decisiones relacionadas con el cuerpo femenino, pueden ser discutidas en pareja, pero, en última instancia, se trata del cuerpo de la mujer. Un ejemplo concreto es la ligadura de trompas, un método anticonceptivo permanente que implica cortar y atar las trompas uterinas para evitar embarazos futuros. Esta intervención suele realizarse, por decisión de la mujer, durante una cesárea, especialmente si se trata del último parto.
Sin embargo, de acuerdo con el estudio del OVO, al 17% de las mujeres que solicitaron una ligadura de trompas se les negó el procedimiento. Esta cifra se eleva al 21,05% entre mujeres de 18 a 30 años y al 20% en el grupo de 31 a 45 años.
Uno de los testimonios incluidos en el estudio ilustra esta situación:
«Yo digo ‘quiero que me liguen’. Y ellos: ‘no, no puedes tú tomar la decisión, tiene que ser tu esposo. Si no está él, no te ligamos’. (…) He visto que había mucho machismo en el hospital. He visto que no importa mi firma, yo no valgo, tiene que ser el esposo.”
Y sí, la autora de esta nota lo confirma. Hace casi cinco años, había planificado con mi doctora ligarme las trompas durante el nacimiento de mi tercer y último hijo. La cirugía estaba programada como parte de una cesárea en plena pandemia, en julio de 2020. Mi doctora me pidió llevar la carta de solicitud el día de la intervención.
Pero rompí fuente un día antes y me atendió el médico de turno. Le dije que la carta estaba en mi maleta, la revisó y, sin leerla, me dijo que no podía realizar el procedimiento porque “faltaba la firma de mi esposo”. Tuvieron que buscarlo para que firmara. Por suerte estaba cerca, porque en mis dos partos anteriores ni siquiera le habían permitido ingresar (otras historias con violencia obstétrica de por medio).
ACOMPAÑAMIENTO Y EL CAMINO HACIA EL PARTO RESPETADO
En un mundo donde la maternidad es un proceso lleno de emociones, desafíos y transformaciones, las doulas de Cochabamba, certificadas por escuelas internacionales, se presentan como un apoyo fundamental para las mujeres desde la gestación hasta el posparto.
El rol de las doulas es acompañar a las mujeres durante la gestación, el parto y el posparto. Esto implica brindar apoyo emocional, información valiosa y asistencia durante todo el proceso. Según María Eugenia Badani, doula y partera, estas etapas están intrínsecamente relacionadas. Una gestación consciente, en la que se trabaja tanto en lo emocional como en lo físico, tiene un impacto directo en un parto y un posparto saludables. Las doulas ofrecen información y prácticas incansables para ayudar a las gestantes a comprender y abrazar el proceso de dar a luz.
La labor de las doulas no se limita a lo emocional. También incluye la preparación física, independientemente de si una mujer planea tener un parto natural o una cesárea. Badani enfatiza la importancia de mantener un estilo de vida activo y si es necesario trabajar de manera sistemática en el acondicionamiento físico durante las últimas 20 semanas de embarazo. Esta preparación física contribuye a que el cuerpo esté listo para el parto, asegurando la salud ósea y muscular. Además, promueve la movilidad en la pelvis y la columna vertebral, evitando complicaciones.
Una cuestión fundamental que preocupa a las doulas de Cochabamba es la violencia obstétrica. Según Badani, este problema comienza desde las primeras consultas médicas y persiste a lo largo del embarazo y el parto. La falta de confianza en la capacidad de las mujeres para parir de manera natural, la inducción de cesáreas innecesarias y la intervención excesiva son solo algunos ejemplos de esta violencia. Las doulas señalan que las mujeres son sometidas a comentarios despectivos y procedimientos innecesarios durante esta etapa vulnerable.
VISIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
Para combatir esta violencia, Badani destaca la importancia de la visibilización y la prevención. El OVO permite a las mujeres denunciar públicamente estas prácticas. Este paso es vital para crear conciencia sobre el problema y presionar a las instituciones y profesionales de la salud para que respeten y cuiden a las mujeres en este proceso que, por sí mismo, merece el máximo respeto y consideración.
El OVO es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por un equipo interdisciplinario pionero y activista, con el propósito de visibilizar y erradicar la violencia obstétrica en Bolivia. Fue fundado el 30 de agosto de 2021 por un grupo de defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres y del derecho a un nacimiento digno y amoroso para los recién nacidos.
Además, colaboran activamente con la comunidad médica, buscando alianzas y sensibilizando sobre la violencia obstétrica a través de talleres de actualización de protocolos obstétricos y prevención de violencia obstétrica. También establecen vínculos con parteras y parteros tradicionales con el fin de reivindicar los saberes ancestrales y el derecho al parto intercultural.
Ofrecen talleres prenatales a gestantes, círculos de sanación para mujeres que experimentaron violencia obstétrica y talleres de concientización para la comunidad en general. Gran parte de sus esfuerzos están actualmente centrados en la redacción de un Proyecto de Ley de Parto Respetado e Intercultural, para reconocer los derechos de las mujeres y la diversidad cultural del país.
La primera encuesta nacional del OVO revela que el 59,8% de las mujeres que alguna vez estuvieron embarazadas ha sufrido alguna forma de esta violencia. Un 20% de ellas eran menores de edad al momento de su primer embarazo. Además, el 50% de los partos en Bolivia son cesáreas, muchas veces sin justificación médica.
Estas cifras evidencian un sistema de salud que frecuentemente vulnera los derechos de las mujeres, con prácticas que no respetan su autonomía ni garantizan una atención informada y humanizada. Cabe destacar que estos porcentajes solo consideran las manifestaciones físicas, psicológicas o sexuales de la violencia, sin contabilizar las expresiones institucionales: decisiones médicas sin consentimiento, protocolos que no contemplan la autonomía de la mujer, intervenciones innecesarias, o la medicalización excesiva del embarazo y el parto.
Estas prácticas evidencian el incumplimiento de normativas nacionales e internacionales en la atención perinatal, en contravención de lo establecido en la Ley 348, que reconoce la violencia obstétrica como una forma de violencia de género. El estudio subraya la urgencia de reformar la formación médica, promover el enfoque intercultural y garantizar el acceso a información clara sobre los derechos en el parto.