El día de ayer se publicó la noticia de que los excelentísimos 5 autoprorrogados e ilegítimos miembros del TCP ANULARON la sesión de la ALP que fue presidida por Andrónico Rodríguez, donde se resuelve cesar a los autoprorrogados, pero la nulidad de la sesión fue a medias, es decir, según el saber y entender de estas lumbreras de los autoprorrogados, anulan la Convocatoria del 5 de junio de 2024; sin embargo, de forma efectiva solo la mitad de la sesión anulan, lo demás estaba bien (crédito de la CAF y el Decreto Presidencial de indulto y amnistía). ¿Habrá algo más ilegal y ridículo? Les comento que sí, en nuestro país, desde que se perdió la institucionalidad y el Estado de derecho, se ha vuelto pan de cada día ver en la justicia ordinaria y extraordinaria ciertas resoluciones que subrayan la ignorancia supina.
Resulta que ahora los 5 autoprorrogados, los que decidieron ellos mismos declarar que deben seguir en funciones a pesar de haber cumplido su mandato conforme determina la CPE (art. 183-1 y 200), tienen la insolencia de ANULAR una sesión desarrollada por parlamentarios escogidos por el pueblo y, sobre todo, en pleno ejercicio de sus funciones. En palabras más sencillas, los funcionarios “truchos” deciden la suerte del accionar de la ALP y, claro, seguramente decidirán la suerte de las próximas elecciones. Los señores, ex dignatarios de Estado y futuros presidenciables que asistieron al show del gobierno en la famosa convocatoria del pasado martes 18, “Al Encuentro por la Estabilidad y Democracia”, debieron, como requisito sine qua non para poder empezar a considerar el fondo de esa convocatoria, exigir el compromiso firmado por el Presidente y Vicepresidente de que, de forma inmediata, harían desalojar de las instalaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a los dictadorcillos que se encuentran ejerciendo funciones ilegítimamente. No necesitan de ninguna ley o procedimiento especial para sacarlos, solo necesitan POLICÍAS que los saquen del cuello (acogiendo el término de Garcia Linera) y los lleven al Ministerio Público para su procesamiento y lógicamente voluntad política.
¡ASÍ DE SENCILLO!
¿Por qué están tan callados los candidatos a las elecciones 2025, sobre todo los de la verdadera oposición? Deberían estar haciendo huelga de hambre en la puerta del TCP exigiendo que se vayan, porque si no se van, no tienen ninguna garantía de que se respete la votación de las próximas elecciones. ¿O se han olvidado tan rápido de cómo Maduro se mantiene de forma dictatorial en el poder? ¿Acaso no ha sido con el respaldo del Tribunal Supremo de Venezuela? ¿Por qué consiente el gobierno de Arce la continuidad de estos ilegítimos magistrados? ¿Qué esperan de ellos? Ojalá alguien despierte y exija al gobierno que cumpla con la ley y haga desalojar a los dictadores que se encuentran en el TCP, y de una vez la oposición despierte de su letargo y vea lo importante que es contar con seguridad jurídica para garantizar unas elecciones justas.
La anulación referida evidencia una vez más lo que TODOS sabemos la grave erosión del Estado de derecho en Bolivia, donde estos cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya gestión ya ha concluido, se autoproclaman en funciones y siguen resolviendo de lo más cínicamente tranquilos, avalando ilegalidades y socavando la democracia con el respaldo del gobierno masista. El manejo por parte del gobierno sobre el poder judicial y todas las esferas de poder es característica de las dictaduras de izquierda como Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc., lo cuál revela un claro intento de perpetuarse en el poder y garantizar impunidad, pisoteando la Constitución y la voluntad popular.
Cómo dice el acertado artículo, los candidatos de oposición deben actuar con urgencia y firmeza, exigiendo la inmediata destitución de estos magistrados ilegítimos mediante acciones concretas, para restaurar la institucionalidad y ante todo garantizar elecciones libres, el «madurazo» por parte del masistas está en la puerta de la esquina El silencio o la pasividad solo fortalecen la dictadura ArcEvista.
Es fundamental que tomemos conciencia del peligro que representa esta vulneración del orden democrático, es deber de todo boliviano consciente y de bien, participar de forma activa y presionar por el respeto a la ley, evitando que Bolivia siga el camino de Cuba o Venezuela, donde la pérdida de los derechos y la libertad es irreversible. La seguridad jurídica es el pilar de toda sociedad libre, defenderla y recuperarla es tarea de todos. Sea por una BOLIVIA LIBRE.