En el tablero de la política internacional, Bolivia sigue siendo una pieza menor, pero no invisible. La relación entre el presidente Luis Arce y Donald Trump aún no se perfila con claridad, y en esta nueva etapa del republicano en la Casa Blanca, la gran pregunta es si el vínculo entre ambos países seguirá en la indiferencia mutua o si, de pronto, entrará en escena. Hasta ahora, Bolivia no figura entre las prioridades de Washington, pero esa calma podría ser engañosa.
El reciente discurso de Trump ante el Congreso dejó en claro que su política exterior estará marcada por un renovado intervencionismo. La mención a Panamá y la administración del canal, el estatus de Groenlandia y el narcotráfico en México son señales de que su administración no dudará en proyectar poder donde lo considere necesario. En este escenario, Bolivia haría bien en analizar su margen de maniobra antes de que los hechos la obliguen a reaccionar.
Desde la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008—medida replicada por Washington en estricta reciprocidad—las relaciones bilaterales han permanecido congeladas en una frialdad estratégica. Con solo ocho meses por delante antes del cierre del débil mandato de Arce, la relación diplomacia con Estados Unidos sigue sin figurar en la lista de preocupaciones del gobierno del MAS.
Pero hay factores que pueden alterar esta ecuación. El incremento de la producción de cocaína y el flujo incontrolado de droga a través de las fronteras bolivianas son temas sensibles en cualquier administración estadounidense. A esto se suma el acercamiento a China mediante contratos para la explotación del litio, acuerdos que han sido cuestionados no solo en el ámbito local, sino también desde otras latitudes.
En materia de narcotráfico, la prioridad de Trump es contener el ingreso de fentanilo, pero sus recientes órdenes ejecutivas han dado un giro inquietante: la extraterritorialidad de los delitos vinculados a ocho grupos criminales que han sido designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). Según el Departamento de Estado, una de estas organizaciones ha sido detectada en Bolivia.
Aquí entra en juego la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU., que sanciona el apoyo material a grupos terroristas. El apartado de «Jurisdicción extraterritorial» deja claro que los tribunales federales estadounidenses tienen competencia para procesar delitos contemplados en esta normativa, aunque hayan sido cometidos fuera de su territorio.
El informe del Departamento de Estado es explícito: el Tren de Aragua (TdA), una organización criminal transnacional originaria de Venezuela, ha expandido su actividad a Colombia, Perú y Chile, y se reporta presencia esporádica en Ecuador, Bolivia y Brasil. Este grupo ha sido vinculado a secuestros, extorsión a empresas, sobornos a funcionarios y ataques directos contra agentes del orden estadounidenses, además del asesinato de un opositor venezolano.
En su discurso ante el Congreso, Trump no dejó espacio para la ambigüedad: puso a estas organizaciones al mismo nivel que ISIS, la organización terrorista islámica, y advirtió que «esto no será nada bueno para ellos».
Bolivia, por ahora, no es una prioridad en Washington, pero la sombra de estas nuevas políticas comienza a proyectarse sobre su territorio. La actual y desarticulada Cancillería boliviana carece de un equipo capacitado para anticipar los escenarios que se avecinan. Ignorar esta realidad es un lujo que el país no puede permitirse. No es solo un asunto del MAS, es el futuro de Bolivia en un mundo donde la indiferencia de hoy puede convertirse en el problema de mañana.