Por Mgr. Fernando Berríos Ayala -Politólogo
La Constitución boliviana acuerda que los mandatos judiciales son improrrogables y por lo tanto cualquier acto realizado fuera de ese marco carece de validez, son nulos de pleno derecho, por aquello la extensión del mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y otros, es una arbitrariedad que vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho. A la larga, la crisis del sistema judicial es mucho más profunda de lo que parece, los intereses políticos y el acomodo gubernamental permite que instituciones que son el pilar de la administración de la justica, actúen al margen de la ley. Esta crisis institucional en el país se manifiesta claramente en la autoprórroga de los magistrados, cuyo mandato concluyó el 31 de diciembre de 2023, plantea lo serio del problema sobre las decisiones que emite esta instancia, es la base para entender el deterioro del sistema judicial. La Asamblea Legislativa Plurinacional no cumplió con la convocatoria en los plazos a elecciones judiciales y permitió la continuidad de estos magistrados, allí se quebró el modelo de Estado que establece nuestra Constitución, lo político por sobre lo institucional, un problema estructural al que no se le ha prestado la atención que requiere. La continuidad de estos magistrados no tiene fundamento legal, representa una amenaza directa al orden democrático del país. Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia y expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia sostiene: “Los magistrados autoprorrogados ejercen funciones de manera ilegal y abusiva, lo que constituye una violación clara de la Constitución”
Como se ha permitido que el TCP intervenga en la política del país, se ha convertido en el supra poder que ha olvidado su misión esencial de garantizar los derechos fundamentales para convertirse en el regulador de la política boliviana, sus decisiones son parte de la manipulación política versus garantizar el imperio de la Ley. Todo hace parte del problema estructural en la administración pública boliviana, donde las instituciones carecen de la independencia y la fortaleza necesarias para hacer cumplir la ley. Desde el gobierno central no se ha ocultado la protección a los magistrados autoprorrogados, hay una relación mutua de protección que ahonda la crisis institucional, esa alianza impide cualquier acto de fiscalización real y ha generado impunidad en los administradores de justicia, la injerencia y el irrespeto a la independencia de poderes ha generado tensión con el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa, lo cual debilita aún más la confianza pública en las instituciones y en el sistema judicial. La solución pensada para un proceso de renovación legítima no ha funcionado porque pasa por un filtro político antes que, por una valoración de méritos y capacidades, hay que pensar en una reforma estructural profunda del sistema judicial para recuperar la confianza pública y establecer un sistema de justicia que realmente sirva a los ciudadanos y no a los políticos.
Así, en medio de la crisis volvemos a las urnas a elegir parte de las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y consejeros del Consejo de la Magistratura y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en un proceso electoral ilegal e ilegitimo por una resolución del TCP que obliga al Tribunal Supremo Electoral a realizar unas elecciones que incumplen lo establecido en la propia convocatoria, en la Constitución y en la Ley del Régimen Electoral. Y llegamos hasta aquí después de una serie de “errores” voluntarios: El primero y más importante fue no haber convocado a la preselección de candidatos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional seis meses antes de la fecha de concluir el mandato de los magistrados y consejeros como establece la Ley para llevar adelante las elecciones por lo menos treinta días antes de esa finalización de mandato. Como no se hecho aquello, se ha prorrogado ilegalmente el mandato de los “benditos” magistrados.
Por la presión y la demanda ciudadana se ha realizado la convocatoria a un proceso de elecciones judiciales que ha estado permanentemente cuestionado y lleno de errores, un proceso viciado y se ha destacado por el incumplimiento de las normas, por denuncias y manipulaciones de las listas de postulantes, por incumplimiento a su propia convocatoria y por el “chanchullo” de algunos asambleístas para favorecer a otros tantos postulantes, amén de los autoprorrogados que han puesto cuanto obstáculo se les ha imaginado para impedir que se realice esta elección. Lastimosamente la información sobre los postulantes a ser votados no ha sido la más deseada y el TSE no ha cumplido a cabalidad su tarea, se ha aplazado rotundamente en la difusión de las hojas de vida de los candidatos, existe desconocimiento de las “virtudes” de los postulantes, sólo el Órgano Electoral está facultado para difundir la hoja de vida de los candidatos, no ha sido así y los propios postulantes han infringido la norma de hacer campaña, una incongruencia. Como las elecciones son parciales, los elegidos tendrán que compartir poder con los autoprorrogados, aquello tampoco les otorgará validez a estos últimos y seguirán siendo ilegítimos. Vamos a elegir sin saber a quién, marcaremos sobre el recuadro de algún candidato que alguien nos ha dicho que es “más o menos” mejor o no es masista, muy pocos saben por quién están votando. Ha llegado el momento de votar, es una decisión personal y vamos a inclinarnos por alguien o algunos que creemos son los más “idóneos”, podremos optar por votar en blanco por que no conocemos o no sabemos quién es quién y por ultimo podemos anular nuestro voto como una forma de manifestar nuestro rechazo a la forma y el sistema de elección de los magistrados.