Por Mgr. Fernando Berríos Ayala
Politólogo
¡Abajo el gobierno hambreador! ¡El pueblo, unido, jamás será vencido! Fueron algunas de las arengas en la masiva marcha del Sindicato Mixto de Choferes “29 de mayo” de El Alto en medio de una creciente ola de movilizaciones en el país. Llaman la atención los estribillos porque normalmente eran utilizados por los trabajadores contra los gobiernos tradicionales de “derecha” en la época antes de los gobiernos masistas. Son canticos que normalmente representan a lo popular, a la clase trabajadora, al tejido social que siempre fueron postergados o marginados de las políticas del gobierno de turno. Es una dicotomía que sea contra el gobierno que “supuestamente” los representa y que hace gala de las “transformaciones” de inclusión social y de una política económica “diseñada” precisamente para proteger a esos sectores. El gobierno de Lucho empieza a hacer aguas por todos lados.
Cuando la disputa por el MAS no termina de cerrarse, las fallidas elecciones judiciales que, de realizarse, nunca tendrán legitimidad (el remedio terminó siendo peor que la enfermedad) y el incierto horizonte electoral de 2025, Bolivia está en una dinámica de enfrentamientos y muestras de descontento que amenazan la estabilidad del país y obviamente de sus instituciones. En medio de esta incertidumbre, el gobierno se esmera en abrir frentes de enfrentamiento con el pueblo, con la sociedad y con las regiones, es inexplicable que Lucho y su gobierno en vez de buscar soluciones a la crisis, muestren incapacidad para enfrentar el conflicto que ellos mismos han generado. Buscan aprobar el nuevo Presupuesto General del Estado que “prevé” una expansión de la economía del 3,51% cuando nuestra inflación ya está en el orden del 7%, buscan destinar un presupuesto para sueldos y salarios de Bs. 51,895 millones, lo que en buenas cuentas significa un aumento del gasto corriente con relación al PGE 2024, en cristiano, buscan aumentar la burocracia y tener más empleados públicos precisamente en un año electoral. No se quedan cortos y quieren imponer un articulado de confiscación y decomiso de productos alimenticios almacenados, algo que atenta contra la propiedad privada, una excesiva fiscalización que muestra un proyecto de Cuba a la vuelta de la esquina.
En medio de la crisis, el gobierno, fiel a su estilo, ha decidido incursionar en la industria avícola y aprobó la implementación de una planta en la ciudad de La Paz a un costo de 608 millones de bolivianos, economía a la inversa, no hay para pan, pero sí para torta. Todo esto en medio de la iliquidez del gobierno que ha debilitado incluso a la banca que no puede devolver 1.028 millones de dólares a sus clientes desde el 2022 y para ponerle la cereza a la torta, el gobierno ha suspendido la exportación de aceite que significa un golpe a la producción en vez de atacar el problema que generan los intermediarios que son los que inventan la subida de precios, ¿sabrá el ministro de Desarrollo Productivo lo que está haciendo?
Para completar el paquete de ofertas, casi todo el año, los productores agrícolas del oriente tuvieron problemas para sembrar y cosechar por falta de diésel, lo que significó pérdidas de dinero y de oportunidades. Nunca aprobaron eventos de biotecnología para que los cultivos estratégicos puedan soportar la sequía y las lluvias. El sector agropecuario demanda seguridad jurídica por sus tierras, porque en la realidad se enfrentan a grupos irregulares armados, sostenidos y apoyados por sindicatos masistas, que invaden propiedades, roban maquinaria, se llevan la producción y los invasores permanecen impunes. Los sectores avícolas y porcinocultores carecen de insumos de producción. La respuesta de Lucho: “Otra vez, como en 2007 y 2008 los cambitas nos están jugando sucio”. Su acolito Manfred los insulta y ningunea y ahora él los hace culpables del desastre de su gestión. ¡¡Mejor, imposible!! Cambio.