Por: Marín Moreira
El contrabando de oro hacia Perú y Brasil se ha convertido en un problema estructural en Bolivia. Se estima que entre 20 y 30 toneladas de oro boliviano salen del país ilegalmente cada año, lo que afecta gravemente a la economía nacional. El valor de este contrabando podría superar los $1.500 millones con 20 toneladas, y llegar hasta los $2.500 millones anuales si alcanza las 30 toneladas, como ocurre en 2024. Esta práctica es común entre las cooperativas mineras, que, tras acumular entre dos y tres kilos de oro, coordinan con “rescatadores” peruanos para entregar el metal en la frontera. Las transacciones se realizan en dólares, ajustándose a la fluctuación del precio internacional.
El contrabando de oro en Bolivia se ha convertido en un factor decisivo en la caída de las exportaciones, a pesar del aumento histórico de su precio en el mercado internacional. Mientras la onza troy ha alcanzado los $2,657.49 en octubre de 2024, las exportaciones bolivianas de este metal han sufrido su peor declive en una década. Gran parte de este fenómeno se atribuye al contrabando hacia países vecinos como Perú, donde el oro boliviano es vendido ilegalmente, evadiendo impuestos y causando graves repercusiones económicas, ambientales y laborales para el país.
Muchos bolivianos nos preguntamos: ¿quiénes se están beneficiando de este recurso estratégico que solo favorece a menos del 3% de la población? ¿Será necesario nacionalizar el oro para que sus beneficios lleguen a todos los bolivianos? ¿Deberíamos regular la explotación de este mineral para que toda la producción pase por instituciones gubernamentales y así controlar la fuga ilegal del país? Y, ¿podría la militarización de las fronteras frenar la salida de este preciado metal? Estas son preguntas que exigen respuestas urgentes ante una crisis que afecta a uno de los sectores más importantes de la economía nacional.
Mientras el precio del oro se dispara en el mercado internacional, alcanzando máximos históricos con la onza troy sobrepasando los $2,000 desde diciembre de 2023, las exportaciones de este metal en Bolivia han caído en picada, registrando sus niveles más bajos desde 2014. Según proyecciones, las exportaciones del sector podrían cerrar el año en tan solo $3,500 millones, una cifra alarmante que tiene varias explicaciones, siendo el contrabando hacia Perú una de las principales.
El contrabando de oro boliviano hacia el país vecino ha adquirido dimensiones críticas. En Perú, los “rescatadores” compran el oro en dólares, ofreciendo pagos atractivos a las cooperativas locales. Estas incluso llegan a pagar impuestos en territorio peruano para legalizar el metal y exportarlo, contribuyendo así a que el oro boliviano jamás regrese formalmente a nuestro país. Mientras que en Bolivia las cooperativas pagan un impuesto del 5% por la venta de oro, en Perú la tasa asciende al 19%, lo que plantea serias preguntas sobre la ética y la transparencia de las transacciones realizadas al otro lado de la frontera.
El problema no se queda solo en el aspecto fiscal. Esta evasión de impuestos y la fuga del oro boliviano también generan graves repercusiones ambientales y laborales. Las cooperativas involucradas muchas veces operan al margen de la ley, empleando trabajadores en condiciones de precariedad, sin contratos legales y sometidos a la explotación.