Santa Cruz, 2 de septiembre.- El Comité pro Santa Cruz presentará una propuesta técnica. Entretanto, tres municipios cruceños anuncian bloqueos y la Cámara de Comercio plantea precio único e importación por privados
El conflicto por el Decreto Supremo 5676 abre una semana decisiva. El Comité pro Santa Cruz convocó a una Asamblea de la Cruceñidad para el miércoles 9 de septiembre, anunció que presentará una propuesta técnica para garantizar el abastecimiento de combustibles y dirigió un mensaje político al presidente Rodrigo Paz: que recapacite y comprenda que la producción no se sostiene solamente con decretos.
“Santa Cruz quiere trabajar y producir por Bolivia. No es con decretos que se va a solucionar el problema de los alimentos en el país. Es con hechos”, afirmó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.
“Presidente, recapacite en las medidas que ha tomado. La única forma de salir de esta crisis es trabajando en unidad, dejándose ayudar y haciendo que trabajemos todos juntos”, manifestó.
La propuesta será elaborada con los sectores productivos, instituciones y provincias afectadas. Cochamanidis adelantó que tendrá una visión nacional, buscará garantizar el suministro permanente y enfrentará las distorsiones provocadas por los dos precios del diésel.
Antes de la Asamblea, hoy se realizará una reunión del Movimiento Cívico Nacional. Los comités cívicos del país abordarán la escasez, el DS 5676 y las acciones que pueden asumir frente a un problema que afecta a todas las regiones.
“Mañana (hoy) todos los comités cívicos del país tomaremos una decisión sobre cómo vamos a avanzar. Lo que está claro es que el Gobierno solo no va a poder”, afirmó Cochamanidis.
Anuncio de movilizaciones
Mientras los cívicos preparan su propuesta, organizaciones sindicales, campesinas y productivas de Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas anunciaron bloqueos desde las cero horas de hoy, pese a la vigencia del estado de excepción que prohíbe interrumpir la libre circulación en las carreteras.
En Cuatro Cañadas, la Federación Sindical de Comunidades Interculturales de Productores Agropecuarios convocó a un bloqueo de 24 horas ante la falta de respuesta gubernamental.
En San Julián, organizaciones sociales resolvieron bloquear las carreteras. Sus dirigentes aseguran que el decreto perjudica a los pequeños productores durante la cosecha de invierno de girasol y sorgo, y cuestionan el límite mensual para acceder al combustible subvencionado.
El alcalde Carlos Vaca anunció que acompañará la protesta. “Como autoridad también nos ponemos al lado del pueblo”, afirmó, al confirmar que la medida tendrá inicialmente una duración de 24 horas.
En Yapacaní, productores interculturales anunciaron el cierre del puente que conecta Santa Cruz con Cochabamba. El sector había concedido al Gobierno 48 horas para dejar sin efecto el decreto, después de un diálogo con autoridades nacionales, pero sostiene que el plazo concluyó sin una respuesta favorable.
Stello Cochamanidis aclaró que el Comité pro Santa Cruz no respalda movilizaciones que vulneren el estado de excepción. “Somos respetuosos de la ley, de la Constitución y todavía estamos en un estado de excepción. Es responsabilidad de la Policía y de las Fuerzas Armadas hacer respetar ese estado de excepción”, puntualizó.
CNC plantea sustituir el decreto
En paralelo, la Cámara Nacional de Comercio presentó una propuesta para reemplazar el DS 5676 por otra norma que establezca un precio único para el diésel, libere la importación y comercialización privada de combustibles y elimine el Impuesto a las Transacciones sobre los carburantes.
Su presidente, Eduardo Olivo, sostuvo que el problema no es solamente cuánto cuesta el diésel, sino que un mismo producto tenga dos precios. La diferencia entre Bs 18 y Bs 9,80 alcanza a Bs 8,20 por litro y, según el empresario, garantiza una ganancia para quien desvíe el carburante hacia el mercado ilegal.
“No combate el mercado negro, lo financia”, afirmó Olivo.
La entidad cuestiona el umbral de 20.000 litros mensuales porque considera que premia a las empresas que dividen sus operaciones y castiga a las que se consolidan y facturan formalmente. “El Estado ha puesto un incentivo para desformalizarse dentro de su propia norma”, señaló.
Olivo descartó que las distorsiones puedan resolverse únicamente mediante la reglamentación. “La dualidad de precios no es un error de esta norma, es su arquitectura”, sostuvo.
Así, el rechazo al DS 5676 avanza por tres caminos: la salida institucional encabezada por el Comité, los bloqueos anunciados en tres municipios y la propuesta empresarial para modificar el esquema de abastecimiento y precios.
Fuente: El Deber