27 de agosto.- José Luis Gálvez admitió que la norma puede ser revisada y mejorada. Dijo que se debe tomar en cuenta la diferencia entre el precio al que adquiere el país el diésel y el costo de comercialización.
En medio del conflicto por el Decreto Supremo 5676 que fija un nuevo precio en el diésel para grandes consumidores, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que una eventual abrogación de esa norma no solucionará por sí sola el problema de desabastecimiento que enfrenta el país.
Asimismo, aseguró que el Gobierno se reúne con los sectores afectados en busca de una solución.
“Abrogar la medida no va a arreglar el problema de provisión”, dijo Gálvez
Además, admitió que el decreto puede revisarse y mejorarse, pero pidió discutir primero temas como el abastecimiento y la protección a sectores más vulnerables.
En ese contexto, dijo que “todo es perfectible” y aseguró que escuchan a todos los sectores, pero indicó que el debate también debe considerar la diferencia entre el precio al que adquiere el país el diésel y el costo de la comercialización interna.
Según el vocero, el aumento internacional del precio del combustible y las dificultades para acceder al producto han incrementado la presión sobre el sistema boliviano de abastecimiento.
Privados
Gálvez reiteró que parte del diésel adquirido por algunos usuarios es revendido en el mercado negro.
Gálvez aseguró además que, después de las nuevas condiciones establecidas, las solicitudes de privados interesados en importar diésel habrían aumentado significativamente.
“Se ha quintuplicado, entre cinco y seis veces, las solicitudes de importación”, indicó.
Asimismo, cuestionó el rol actual de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y dijo que “ya no responde a la realidad”.
Según explicó, anteriormente los ingresos provenientes de la exportación de gas permitían cubrir parte de la diferencia entre el alto costo de importación y el precio subvencionado en el mercado interno.
Sin embargo, sostuvo que actualmente esos recursos ya alcanzan para mantener el mismo esquema y la diferencia de precio subvencionado y costo internacional genera distorsiones y reventa.
Diversos sectores, principalmente productivos, exigen la abrogación del decreto porque consideran que incentiva el mercado negro de combustibles y generará mayores costos en la producción, lo que provocará alza de precios y afectará al bolsillo de toda la población.
Fuente: La Razón