31 de julio.- La imputación sostiene que el exministro no adoptó medidas oportunas para frenar la distribución de gasolina desestabilizada. La exautoridad rechaza esa interpretación y afirma que esas funciones correspondían a YPFB y la ANH.
La imputación presentada por la Fiscalía contra el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, centra el caso en las presuntas omisiones en el ejercicio de sus funciones de supervisión que, según el Ministerio Público, permitieron que la “gasolina desestabilizada” continuara en la cadena de distribución. La exautoridad rechaza esa interpretación y sostiene que el control de calidad, los análisis técnicos y la comercialización del combustible eran competencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El documento señala que Medinaceli “omitió disponer la adopción de medidas extraordinarias de coordinación y supervisión institucional para suspender la continuidad de la distribución del combustible observado, exigir la implementación inmediata de controles integrales de calidad y coordinar con YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos la ejecución de acciones destinadas a evitar la persistencia de la comercialización de combustible”.
Con base en esos elementos, el Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios para solicitar la detención preventiva del exministro por seis meses en el penal de San Pedro, en La Paz.
Para sustentar su hipótesis, la Fiscalía reconstruyó el marco normativo que regulaba la producción e importación de combustibles, además de las competencias asignadas al Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la ANH. La imputación sostiene que esa normativa imponía obligaciones de control sobre la calidad de los carburantes y que el entonces ministro tenía un deber de dirección y supervisión del sector que, según la investigación, no fue ejercido de manera efectiva.
Entre los elementos incorporados como prueba figuran resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas de la ANH, reglamentos específicos sobre calidad de carburantes, informes técnicos de YPFB, memoriales de importación y la denuncia presentada posteriormente por el propio Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
Sin enbargo, en su declaración informativa, Medinaceli sostuvo que las tareas de análisis de laboratorio, certificación de calidad, importación, almacenamiento y comercialización correspondían a YPFB y a la ANH, por lo que niega haber tenido competencia para intervenir directamente en esas decisiones operativas. Según su versión, el Ministerio de Hidrocarburos definía políticas públicas y ejercía funciones de dirección estratégica, pero no participaba en la operación técnica relacionada con la importación, el análisis de laboratorio, el almacenamiento ni la comercialización de combustibles.
Asimismo, asegura que solicitó información a YPFB cuando comenzaron a conocerse las denuncias sobre la calidad de la gasolina y que posteriormente promovió una denuncia penal para que los hechos fueran investigados.
“Como presidente del directorio ejercía funciones de dirección estratégica y supervisión general dentro del ámbito de competencia del presidente del directorio. El presidente ejecutivo de YPFB era la máxima autoridad ejecutiva de YPFB y tenía a su cargo la administración técnica y logística. (…) Yo pedía a YPFB que me informe y no tuve una respuesta definitiva hasta el último día que ejercía como ministro”, declaró Medinaceli en su declaración informativa del 28 de julio.
La imputación también dedica parte de su argumentación a explicar el sistema de control de calidad de los combustibles y la diferencia entre los análisis básicos y completos. Según el documento, la ANH verificaba únicamente algunos parámetros establecidos en la normativa, mientras que las pruebas relacionadas con gomas y manganeso debían formar parte del análisis completo realizado por el operador.
Entre los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía sostiene que la revisión de archivos institucionales de la ANH evidenció que los certificados de calidad remitidos mensualmente por YPFB durante las gestiones 2024 y 2025, presentaban de manera sistemática parámetros obligatorios incompletos. Entre las observaciones figura la ausencia total del análisis de gomas existentes en al menos un certificado correspondiente a enero de 2026.
Además, el expediente incorpora la autorización otorgada por la ANH para que YPFB importara aproximadamente 410.000 metros cúbicos mensuales de insumos y aditivos procedentes de la empresa Vitol Energía Américas S.A., con destino a distintos departamentos del país.
Fuente: El Deber