28 de julio.- La decisión de Doria Medina marca la primera gran fractura política de la administración de Paz. Aunque el empresario anunció una oposición “constructiva”, la ruptura abre interrogantes sobre la estabilidad de la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Samuel Doria Medina oficializó ayer la ruptura entre Unidad Nacional (UN) y el gobierno del presidente Rodrigo Paz, al anunciar que ambas fuerzas “siguen caminos separados” por diferencias éticas, cuestionamientos al manejo de la corrupción y desacuerdos sobre la conducción gubernamental. La decisión, comunicada a través de redes sociales y respaldada por un pronunciamiento oficial del partido, reconfigura el mapa político a ocho meses del inicio de la gestión, genera incertidumbre sobre la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa Plurinacional y plantea dudas sobre la gobernabilidad durante el resto del mandato.
En su mensaje, Doria Medina afirmó que comparte varios aspectos ideológicos con el Gobierno, pero cuestionó “las formas de hacer (o no hacer) las cosas”, además de expresar preocupación por la corrupción, que -a su juicio- no está siendo enfrentada con la firmeza necesaria. También aclaró que los militantes de UN que permanezcan en cargos públicos lo harán a título personal y anunció que el partido ejercerá una “oposición constructiva”, apoyando las reformas que considere positivas y evitando acciones que desestabilicen al presidente.
Horas después, UN difundió un comunicado firmado por su presidenta, Elizabeth Reyes, en el que reveló que la decisión de abandonar el Ejecutivo fue tomada durante la crisis provocada por los 53 días de bloqueos. El documento sostiene que el partido impulsó sin éxito la aplicación inmediata de su plan económico “100 días carajo”, respaldó el retiro de la subvención a los combustibles y atribuyó al Gobierno una gestión “negligente” del caso de la denominada “gasolina basura”, además de reprochar la falta de acciones contundentes contra la corrupción y la incapacidad para construir consensos legislativos.
Futuro en la ALP
El nuevo escenario también abrió interrogantes sobre el futuro de la bancada de UN en la Asamblea. El vocero Roberto Moscoso explicó que el partido aún analiza cómo quedará conformada su representación parlamentaria tras la disolución de la alianza electoral Unidad, integrada por UN, Creemos y otras fuerzas. Señaló que algunos legisladores podrían mantenerse junto al oficialismo, mientras otros asumirán plenamente la línea partidaria, aunque insistió en que la oposición será “constructiva” y respaldará las iniciativas que beneficien al país.
Las primeras fisuras aparecieron de inmediato. La diputada Khaline Moreno, representante del bloque de Creemos dentro de la alianza, ratificó que el sector liderado por Luis Fernando Camacho continuará apoyando al Gobierno para preservar la estabilidad democrática y económica. En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes sostuvo que permanecerá respaldando al Ejecutivo y cuestionó abandonar el proyecto político en medio de la crisis. Doria Medina respondió con dureza y acusó al legislador de acercarse “a los incentivos del poder”, profundizando las tensiones internas.
Desde el oficialismo, el vocero presidencial José Luis Gálvez evitó confrontar con el empresario y afirmó que, aunque pueda apartarse del Gobierno, “no hay forma de separarse de Bolivia”, expresando su confianza en que UN contribuya a la aprobación de las leyes consideradas estratégicas para la transformación del país.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, también relativizó las críticas éticas, argumentando que la administración apenas pudo desarrollar la mitad de su agenda debido a los más de 50 días de bloqueos y convocó a todas las fuerzas políticas a construir propuestas.
La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, consideró que se trata de “un quiebre anunciado” y sostuvo que la alianza entre Paz y Doria Medina carecía de base programática. Advirtió que la principal incógnita será el comportamiento de los legisladores en una ALP que aún debe tratar leyes clave para el país.
Fuente: El Deber