El día de hoy 28 de marzo de 2025, el colectivo político «El Bunker» llevará a cabo una votación interna que durará hasta el día domingo, para medir las preferencias ciudadanas hacia posibles candidatos opositores al MAS de cara a las elecciones de 2025. A diferencia de la votación anterior efectuada por el Bunker, esta vez se implementarán medidas de seguridad, como la solicitud de cédula de identidad (C.I.) y otros datos, con el objetivo de evitar duplicidades y garantizar transparencia. Si bien la iniciativa parece surgir de un propósito noble —explorar un posible consenso opositor—, surgen dudas razonables sobre su capacidad para reflejar verdaderamente la voluntad ciudadana.
El primer punto de debate radica en el carácter voluntario de la votación. A diferencia de los procesos electorales administrados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde la participación es obligatoria, aquí solo votarán quienes estén informados y tengan interés en participar. Esto genera un sesgo inherente: los resultados no miden preferencias generalizadas, sino la capacidad de ciertos grupos para movilizar adeptos en un plazo reducido.
Un ejemplo claro es el caso de Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba. Con alrededor de 10.000 empleados públicos bajo su administración y un partido con más de 100.000 afiliados, su estructura le permite coordinar votos de manera casi inmediata. No es casualidad que en recientes entrevistas haya expresado entusiasmo por esta encuesta. Algo similar ocurre con Andrónico Rodríguez, cuya base en los sindicatos del trópico —grupos altamente organizados— podría traducirse en una ventaja logística.
En contraste, figuras como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o Amparo Ballivián, aunque con bastantes seguidores, carecen de maquinarias partidistas con alcance masivo y rápida respuesta a una votación casual. Esto no los hace menos válidos, pero sí menos visibles en una dinámica donde prima la velocidad de convocatoria.
Un sondeo informal realizado por “mi persona” revela otro problema: el desconocimiento ciudadano . De 10 personas consultadas, sólo 3 estaban al tanto de la votación. Esto refuerza la idea de que la encuesta opera en una burbuja: participan principalmente quienes ya están conectados a círculos políticos o mediáticos, dejando fuera a amplios sectores de la población que tienen definido su candidato, también a los indecisos o críticos del oficialismo, quienes no forman parte de estas redes, lo que genera una brecha entre la intención y la realidad.
El peligro no está en la encuesta en sí, sino en cómo sus resultados podrían influir en la percepción pública. Si un candidato aparece como «ganador», se crearía una narrativa peligrosa, presionando a otros a retirarse en pos de la «unidad opositora». Pero ¿qué pasa si esa ventaja no se debe a un apoyo genuino, sino a una mejor logística? La historia política boliviana está llena de ejemplos donde encuestas o ejercicios internos —mal diseñados— terminaron polarizando más que uniendo.
Criticar la metodología del Bunker no implica desacreditar su intención. Por el contrario, es un recordatorio de que incluso los proyectos bien intencionados deben construirse con rigurosidad técnica. Las encuestas, para ser orientadoras, requieren muestras equilibradas. De lo contrario, se corre el riesgo de confundir capacidad de movilización con representatividad.
Ojalá esta votación supere los pronósticos escépticos y ofrezca datos valiosos. Pero mientras no se corrijan sus limitaciones estructurales, será difícil verla como algo más que un termómetro de activismos, no de voluntades ciudadanas. En un contexto tan fracturado como el boliviano, reducir la complejidad política a una votación rápida podría ser, en el mejor de los casos, un espejismo.