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<\/p>\nPor Ricardo V. Paz Ballivi\u00e1n<\/p>\n
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La decisi\u00f3n del presidente Rodrigo Paz de declarar el estado de excepci\u00f3n constituye una medida extraordinaria, pero necesaria, frente a una situaci\u00f3n que hab\u00eda llegado a un punto cr\u00edtico para millones de ciudadanos. Cuando las carreteras son bloqueadas de manera prolongada, la libre circulaci\u00f3n queda anulada, el abastecimiento de alimentos y combustibles se ve comprometido y los derechos de la mayor\u00eda terminan subordinados a la capacidad de presi\u00f3n de grupos organizados, se ha llegado a un l\u00edmite imposible de sostener. En esas circunstancias, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de actuar para restablecer el orden p\u00fablico y garantizar los derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
Las consecuencias de los bloqueos se hicieron sentir con especial dureza en las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba. Fueron los sectores m\u00e1s humildes quienes soportaron la peor parte de la crisis. Familias con dificultades para acceder a productos b\u00e1sicos, trabajadores impedidos de llegar a sus fuentes de empleo, peque\u00f1os comerciantes afectados por la interrupci\u00f3n del abastecimiento y pacientes que enfrentaron obst\u00e1culos para recibir atenci\u00f3n oportuna. Mientras algunos dirigentes utilizaban la paralizaci\u00f3n como instrumento de presi\u00f3n pol\u00edtica, miles de ciudadanos padec\u00edan una realidad cada vez m\u00e1s angustiante.<\/p>\n
Antes de llegar a esta determinaci\u00f3n, el Gobierno agot\u00f3 los mecanismos de di\u00e1logo y concertaci\u00f3n, que culminaron con la firma del acuerdo con la COB. Se realizaron convocatorias, se promovieron espacios de negociaci\u00f3n y se intent\u00f3 construir acuerdos que permitieran una salida pac\u00edfica al conflicto con los dem\u00e1s sectores, algunos de ellos radicales y francamente sediciosos. Sin embargo, cuando esas gestiones no logran resultados y la situaci\u00f3n amenaza con derivar en mayores niveles de violencia e inestabilidad, la responsabilidad de las autoridades consiste en impedir que el pa\u00eds contin\u00fae avanzando hacia una escalada de confrontaci\u00f3n.<\/p>\n
Desde esta perspectiva, el estado de excepci\u00f3n no debe entenderse como un fin en s\u00ed mismo, sino como un instrumento temporal destinado a garantizar la libre circulaci\u00f3n, proteger a la poblaci\u00f3n y preservar la convivencia democr\u00e1tica. Ninguna democracia puede aceptar indefinidamente que grupos insurrectos y golpistas, con capacidad de movilizaci\u00f3n bloqueen el funcionamiento normal del pa\u00eds y condicionen el ejercicio de los derechos de la mayor\u00eda.<\/p>\n
Dicho esto, volvamos al meollo del asunto. Lo que est\u00e1 en juego es la superaci\u00f3n de un modelo pol\u00edtico que otorg\u00f3 durante d\u00e9cadas una influencia desproporcionada a determinadas estructuras corporativas. La crisis actual refleja la resistencia de sectores acostumbrados a ejercer poder mediante mecanismos de presi\u00f3n que ya no encuentran el mismo respaldo institucional de otros tiempos. M\u00e1s all\u00e1 de las diferencias ideol\u00f3gicas, resulta evidente que Bolivia necesita construir una relaci\u00f3n entre Estado y sociedad basada en reglas democr\u00e1ticas claras, donde la legitimidad provenga principalmente del voto ciudadano y del respeto a las instituciones.<\/p>\n
Es en este contexto que adquiere especial relevancia la convocatoria formulada por el presidente Rodrigo Paz a un gran encuentro nacional. La iniciativa puede convertirse en una oportunidad hist\u00f3rica para construir consensos y definir un horizonte com\u00fan para el pa\u00eds. Sin embargo, para que ese esfuerzo sea efectivo, leg\u00edtimo y no repita los errores del pasado, deber\u00eda centrarse en los actores que cuentan con representaci\u00f3n democr\u00e1tica directa, es decir las autoridades elegidas por el voto popular y las organizaciones pol\u00edticas con representaci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n
La experiencia boliviana demuestra que la incorporaci\u00f3n de m\u00faltiples estructuras corporativas como instancias de cogobierno o de veto pol\u00edtico ha contribuido frecuentemente a la fragmentaci\u00f3n de la autoridad democr\u00e1tica y a la sustituci\u00f3n de la voluntad ciudadana por intereses sectoriales. Por ello, el gran acuerdo nacional debe fortalecer las instituciones representativas y devolver a la Asamblea Legislativa y a las autoridades electas el papel central que les corresponde en una democracia moderna.<\/p>\n
Bolivia necesita di\u00e1logo, pero un di\u00e1logo sustentado en la legitimidad democr\u00e1tica. Necesita acuerdos, pero acuerdos construidos por quienes han recibido el mandato de las urnas. Y necesita recuperar la normalidad, la libre circulaci\u00f3n y la paz social para que ning\u00fan ciudadano vuelva a ser reh\u00e9n de conflictos que terminan castigando, sobre todo, a quienes menos tienen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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